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canon aedeLa polémica nueva Ley de Propiedad Intelectual, aprobada recientemente en el Congreso con el voto único del PP y la oposición del resto de los partidos,  ha puesto en pie de guerra a gran parte de los medios de comunicación y atenta también de forma directa contra el sector de la publicidad online.

Así lo ha expresado claramente el IAB, la Asociación que representa al sector de la publicidad, el marketing y la comunicación digital en España, en un comunicado publicado en su web.

Esta controvertida normativa que pretende instaurar el "canon AEDE", haciendo pagar a los medios de comunicación y agregadores de noticias como Menéame por enlazar e incluso citar contenidos protegidos por derechos de autor, atenta contra el más puro sentido común y funcionamiento natural de Internet. La ley  ha sido duramente criticada incluso por algunos medios supuestamente beneficiados y de forma unánime por la prensa extranjera en lo que algunos ya han calificado de ridículo internacional.

Un problema añadido es que esta ley afecta también de forma directa a los proveedores de servicios publicitarios que gestionan la publicidad online.
En concreto la LPI prevé obligaciones de colaboración e información de los "intermediarios y servicios de publicidad" incluida la de suspender el servicio a los sitios web infractores bloqueando sus ingresos publicitarios.

El problema es que el proveedor de los servicios publicitarios no tiene control previo sobre los sitios en los que aparecen los anuncios mediante un complejo sistema de subastas.
Por otra parte los sitios acusados de malas prácticas pueden cambiar con facilidad de plataforma de servicios y trabajar con proveedores extranjeros no afectados por esta ley tan absolutamente ibérica.

"Únicamente se penaliza al anunciante con nuevas obligaciones y sancionando su falta de colaboración, cuando estos nada tienen que ver con la actividad del sitio web infractor y simplemente van a ver como sus clientes cambian a proveedores de servicios de publicidad extranjeros, a los que la reforma no afecta", afirma Paula Ortiz, Directora Jurídica del IAB.

En su afán por asfixiar económicamente los sitios infractores la nueva ley contempla sanciones entre 150.000 y 600.000 euros para aquellas plataformas de publicidad que no colaboren con la justicia, cifras absolutamente desproporcionadas y muy superiores a las que se aplicarían al propio sitio infractor (30.000 a 300.000 euros).

El IAB seguirá manteniendo reuniones con asociaciones e instituciones implicadas con el fin de encontrar el consenso y lograr que la ley se equipare a la de otros estados europeos.

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